Los datos del tercer trimestre mostraron una baja del desempleo al 6,6% gracias a una creación de empleo superior a la esperada, aunque con escaso crecimiento del trabajo asalariado formal en el sector privado. Esta dinámica refleja un problema estructural de la Argentina, donde la legislación laboral y la alta litigiosidad desalientan a las pymes a contratar personal, profundizando la informalidad. 

Los datos de desempleo correspondientes al tercer trimestre dejaron un balance mixto. Por un lado, la desocupación descendió al 6,6% gracias a una creación de empleo mayor a la prevista, incluso en un contexto donde aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo. Por otro, una proporción reducida de esos nuevos puestos correspondió a empleo asalariado formal en el sector privado, una tendencia que no resulta novedosa y que se repite en la Argentina desde hace décadas, con una caída sostenida del peso relativo de este tipo de ocupación.

Este fenómeno se mantuvo más allá de los distintos ciclos políticos y económicos. Si bien es cierto que el empleo depende de la inversión y el crecimiento, en el país esa relación ha sido históricamente débil en comparación con otros contextos internacionales. Aunque las pymes suelen ser grandes generadoras de trabajo, en la práctica muchas optan por aumentar la producción con menos personal, incentivadas por un sistema que vuelve riesgosa la contratación. La elevada litigiosidad laboral y la falta de reglas claras frente a posibles juicios hacen que, para una pequeña o mediana empresa, incorporar trabajadores pueda implicar un riesgo capaz de comprometer su supervivencia.

El marco legal vigente tiende a proteger fuertemente a quienes ya cuentan con empleo formal privado y a fortalecer el poder de los sindicatos, pero al mismo tiempo deja fuera a una gran parte de la población económicamente activa. Esta situación resulta injusta tanto para quienes no logran acceder a un puesto de ese tipo como para quienes lo pierden, ya que la posibilidad de reinsertarse en condiciones similares es muy baja. En otros países, las legislaciones laborales buscan resguardar derechos sin generar obstáculos extremos para la contratación y el despido, favoreciendo así una dinámica donde se crean más empleos de los que se pierden.

La reforma laboral apunta a modificar este esquema sin afectar derechos adquiridos, ya que los cambios rigen hacia adelante. Entre otros aspectos, se clarifican las reglas indemnizatorias para reducir conflictos judiciales y se incorpora un fondo de cese laboral financiado con aportes existentes, que garantiza el cobro al trabajador sin incrementar costos empresariales. Además, se avanza en una mayor libertad para negociar condiciones laborales a nivel de empresa, sector o región, y se elimina la obligatoriedad de ciertos aportes sindicales. El objetivo es construir una normativa más inclusiva, que amplíe el acceso al empleo formal y equilibre derechos laborales con la necesidad de generar más trabajo privado.