Los gobernadores de las provincias mineras acordaron un esquema para avanzar en una interpretación más clara de la Ley de Glaciares. La estrategia incluye un entendimiento político entre los mandatarios provinciales y el Gobierno nacional, acompañado por el envío de un proyecto aclaratorio al Congreso.

La Ley de Glaciares volvió al centro del debate nacional y San Juan se posicionó como una de las provincias protagonistas en la búsqueda de una salida legislativa que destrabe inversiones mineras. Gobernadores de distritos con actividad extractiva acordaron en los últimos días avanzar en una estrategia de “concertación federal” para impulsar en el Congreso una ley aclaratoria que precise los aspectos ambiguos de la normativa vigente. Según explicó el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, San Juan aportó insumos técnicos y aceleró gestiones en Buenos Aires, donde viajaron el propio Fernández, el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Minería Juan Pablo Perea. Aunque no se espera una reunión formal entre mandatarios, el tema estaría presente en los encuentros previstos durante su visita. La idea compartida por las provincias es que el proyecto pueda ingresar al Congreso antes de fin de año, con un tratamiento legislativo regular.

El procedimiento elegido es el envío de un proyecto de ley, descartando la alternativa de un decreto que inicialmente había mencionado el presidente Javier Milei. Tanto los gobernadores como la Casa Rosada coincidieron en que una ley aporta mayor solidez jurídica y reduce el riesgo de judicialización futura. La herramienta institucional para habilitar este camino será la Concertación Federal, contemplada en la Constitución y basada en un acuerdo directo entre el Presidente y los gobernadores para presentar la iniciativa al Congreso. De acuerdo con fuentes oficiales, ya existe un documento avanzado que define los puntos centrales del proyecto aclaratorio.

El Gobierno y las provincias aclaran que la finalidad no es modificar ni flexibilizar la Ley de Glaciares, sino precisar su alcance original: proteger glaciares y geoformas glaciares. El principal problema reside en definiciones excesivamente amplias que generan interpretaciones que frenan proyectos ubicados en áreas sin presencia real de hielo. La ley aclaratoria buscará delimitar con mayor precisión qué se considera ambiente periglacial y cuáles geoformas deben quedar bajo protección estricta. Además, incorporará una aclaración clave: dentro del marco ambiental, las provincias mantienen la potestad constitucional sobre sus recursos naturales. Esta precisión es urgente para distritos como San Juan, donde proyectos de gran escala —como Pachón, Altar, Vicuña y Los Azules— permanecen paralizados por las dudas interpretativas de la normativa actual.