La puesta en marcha del nuevo software obligatorio de facturación finalmente no regirá en las fechas inicialmente previstas. Para las empresas que tributan por el impuesto de sociedades, la implementación ya no será exigible a partir del 1 de enero de 2027, mientras que para el resto de los contribuyentes —incluidos autónomos y pymes— la obligatoriedad tampoco entrará en vigor el 1 de julio de ese mismo año.

Las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos dispondrán de un año adicional para ajustarse al sistema de verificación de facturas Verifactu, ya que su implementación se postergará hasta el 1 de enero de 2027. Según anticipó el presidente Pedro Sánchez, el Gobierno aprobará un decreto ley que forma parte de un acuerdo con Junts y que amplía los plazos previstos inicialmente para 2026, con el fin de dar más margen a las pymes en su proceso de digitalización. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron que la entrada en vigor del sistema se pospondrá un año respecto de lo planeado, otorgando más tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias.

El sistema Verifactu obligará a que los programas informáticos de facturación generen registros inalterables y accesibles para la Agencia Tributaria, garantizando que no puedan ser modificados ni eliminados. Estas nuevas reglas alcanzarán a todas las empresas y profesionales que utilicen software de facturación, con excepción de quienes están bajo el sistema de suministro inmediato de información y los contribuyentes de País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen fiscal propio. Aquellos que emitan sus facturas de manera manual quedarán exentos de estas obligaciones.

La decisión fue bien recibida por el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, quien consideró que el aplazamiento trae alivio en un contexto en el que los autónomos enfrentan cada vez más cargas. Amor explicó que desde octubre la entidad venía solicitando sensatez al Gobierno, ya que la proximidad del plazo original estaba generando preocupación e incertidumbre entre los profesionales independientes. También agradeció el respaldo de Junts y de otras fuerzas políticas que acompañaron la petición de extender los tiempos.

Con esta modificación, el calendario previsto por Hacienda se actualiza: quienes tributan por impuesto de sociedades deberán adoptar el sistema a partir del 1 de enero de 2027, mientras que el resto de los contribuyentes lo hará desde el 1 de julio de ese mismo año. Además, el decreto ley que prepara el Gobierno incluirá medidas destinadas a flexibilizar las inversiones financieramente sostenibles de los ayuntamientos, permitiendo que los municipios puedan destinar recursos a proyectos estructurales —como construcción de viviendas y gestión del agua— sin que estas iniciativas afecten la regla fiscal del gasto ni comprometan el equilibrio presupuestario.