El proyecto minero San Jorge, que marcaría el inicio de la era del cobre en Mendoza, recibirá el 9 de diciembre la aprobación legislativa definitiva, pero ese mismo día deberá atender un reclamo civil por supuestos incumplimientos de contrato.

El conflicto judicial surge por el reclamo de honorarios de un estudio de abogados de Buenos Aires que representó a San Jorge ante la Corte Suprema de la Nación en un juicio que buscaba declarar inconstitucional parte de la ley 7722. Esa causa derivó en la anulación parcial de la prohibición sobre ciertas sustancias químicas en la minería, un fallo que eliminó ambigüedades legales y favoreció el desarrollo del proyecto. Aunque los montos del reclamo serían millonarios, la empresa sostiene que aún no fue notificada formalmente y que no mantiene deudas pendientes.

El proyecto San Jorge es considerado estratégico para la minería argentina, ya que se trata de la primera mina de cobre de gran escala en el país. Tras años de cambios accionarios y ajustes en el plan original, la compañía ahora tiene una estructura mixta con control mayoritario de inversores extranjeros y compromisos de inversión que se analizarán en el estudio de factibilidad posterior a la aprobación legislativa.

La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) incluye exigencias técnicas y ambientales estrictas, particularmente sobre el manejo del agua y el tratamiento de colas de mineral. Estas condiciones afectan la ecuación económica del proyecto y obligan a la empresa a cumplir con monitoreos y autorizaciones especiales, destacando el papel clave del Estado en la fiscalización de la operación minera.

El 9 de diciembre será, por lo tanto, un día decisivo para San Jorge: mientras el Senado debate la aprobación final del proyecto, la empresa deberá participar en la audiencia de conciliación civil. El resultado de ambos procesos definirá no solo la viabilidad económica y legal de la mina, sino también el inicio de la denominada “era del cobre” en Argentina.