El pedido de nulidad presentado por las defensas se fundamenta en que la causa se originó a partir de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo, los cuales, según sostienen, habrían sido obtenidos de forma ilegal. Los abogados argumentan que esas grabaciones carecen de validez probatoria, ya que no contaron con autorización judicial previa ni se cumplieron los procedimientos establecidos por la ley.

La Cámara Federal de Buenos Aires analizará por primera vez este martes la causa ANDIS, que investiga un presunto esquema de sobornos vinculados a la compra de medicamentos en el área de discapacidad. La audiencia, prevista para las 10:30 en los tribunales de Comodoro Py, se realizará con el objetivo de revisar los planteos de nulidad presentados por las defensas. El expediente llega a esta instancia luego de que el juez federal Sebastián Casanello rechazara los recursos de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, decisión que fue apelada ante la Sala II del Tribunal, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Entre los planteos de invalidez se suma también el del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien es uno de los principales investigados. El Tribunal deberá resolver si mantiene la negativa a la nulidad, lo que permitiría continuar con la investigación que permanece bajo secreto de sumario. El fiscal federal Franco Picardi había solicitado el pasado 9 de octubre la realización de 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares, al detectar presuntas irregularidades y direccionamiento en la adquisición de medicamentos de alto costo por parte del organismo.

El planteo de nulidad presentado por las defensas sostiene que la causa se originó a partir de audios atribuidos a Spagnuolo que habrían sido obtenidos de manera ilegal. En esas grabaciones, el ex funcionario mencionaba a la droguería Suizo Argentina y hacía referencia a figuras cercanas al Gobierno nacional, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, argumenta que las grabaciones serían adulteradas o generadas mediante inteligencia artificial, motivo por el cual reclama la nulidad absoluta del proceso judicial y la exclusión de todo el material probatorio derivado de ellas.