El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°6 de la Ciudad de Buenos Aires dictó una medida precautelar en relación con la implementación del sistema de reconocimiento facial en un edificio público. Esta decisión se tomó a raíz del reclamo de un trabajador que se negó a proporcionar sus datos biométricos, argumentando la protección de su privacidad y sus derechos personales.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°6, dictó una medida precautelar que obliga al Gobierno porteño a ofrecer un sistema alternativo de registro de asistencia para un empleado público que se negó a entregar sus datos biométricos faciales. Esta resolución busca garantizar que el trabajador no se vea obligado a utilizar únicamente el sistema de reconocimiento facial mientras se analiza la cuestión de fondo.

La medida fue adoptada por la jueza Patricia López Vergara y publicada el martes 14, suspendiendo la obligatoriedad del nuevo sistema de control de presentismo en el Palacio Lezama. La decisión surgió tras la presentación de un amparo por parte del abogado Jonatan Baldiviezo, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quien solicitó que se declarara la ilegalidad e inconstitucionalidad del uso de datos biométricos faciales para controlar la asistencia en el edificio gubernamental ubicado en Av. Martín García 346.

El conflicto comenzó el 16 de septiembre, cuando la Dirección General de Planificación y Control Operativo del Ministerio de Hacienda comunicó el reemplazo del registro de asistencia por huella digital con un nuevo sistema de reconocimiento facial. El demandante denunció que, tras la eliminación del sistema de huella digital el 30 de septiembre, se le registró una ausencia a pesar de haber asistido, quedando el reconocimiento facial como único método habilitado. La demanda sostiene que la medida viola la Ley de Protección de Datos Personales y que no se respetaron principios de consentimiento libre, minimización de datos y transparencia.

La jueza López Vergara ordenó al Gobierno porteño restablecer de manera inmediata la registración mediante huella dactilar y permitir el ingreso con número de DNI mientras se resuelve el fondo del caso. Además, exigió un informe detallado sobre la normativa que autorizó el sistema de reconocimiento facial, la existencia de un estudio de impacto y el registro de la base de datos. La magistrada advirtió que el incumplimiento de la medida acarreará multas diarias de $10.000 al Director General de Planificación y Control Operativo del Ministerio de Hacienda, subrayando que esta resolución constituye un precedente relevante para la protección de los datos personales y la dignidad de los trabajadores.