Se les imputan los delitos de defraudación y falsificación de documentos, hechos que habrían cometido en el marco de su accionar relacionado con el suministro de agua contaminada, agravando así la gravedad de la causa y ampliando la investigación sobre posibles responsabilidades penales adicionales.

El representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó su pedido destacando la gravedad del hecho, ya que el accionar de los imputados habría puesto en riesgo la salud de toda la comunidad educativa. Además, mencionó que una madre denunció haber sido amedrentada al prestar su testimonio, lo que refuerza la preocupación sobre la magnitud de la situación.

Como parte de las medidas cautelares, se solicitó el embargo de bienes registrables de los imputados, incluyendo vehículos e inmuebles, así como la inhibición general de bienes de la presidenta del Consejo Escolar, dado que hasta el momento no se detectaron propiedades registradas a su nombre. La investigación se originó meses atrás a raíz de la denuncia de un padre de un alumno, quien alertó sobre la posible contaminación del agua en una escuela primaria.

Durante el año pasado, las familias habían reportado casos de gastroenteritis en sus hijos, lo que llevó a la cooperadora a encargar análisis bacteriológicos y fisicoquímicos a un laboratorio privado. Los resultados, conocidos el 5 de marzo, confirmaron que el agua no era apta para consumo humano por la presencia de escherichia coli y pseudomona aeruginosa. A pesar de esto, las autoridades presentaron análisis supuestamente firmados por la Universidad Nacional de Mar del Plata que certificaban la potabilidad del agua, pero luego se verificó que dichos documentos no contaban con la firma de la profesional correspondiente. La investigación continuó y el 27 de agosto se realizaron allanamientos en General Alvarado, secuestrando documentación y teléfonos celulares de los implicados.