La víctima, un joven de 24 años, permaneció durante aproximadamente dos horas retenido dentro de su propio automóvil, mientras los delincuentes exigían un rescate que finalmente fue entregado por su familia en Villa Lugano, combinando pagos en dólares y pesos. 

Tres inspectores de la Policía de la Ciudad fueron procesados con prisión preventiva por su participación en el secuestro extorsivo de un joven de 24 años ocurrido en mayo en el Bajo Flores. La víctima permaneció dos horas retenida dentro de su propio auto hasta que su familia pagó un rescate de 4.000 dólares y 1.500.000 pesos. Además de los tres policías, un cuarto implicado, de nacionalidad peruana, también fue procesado y todos quedaron sujetos a embargos por 50 millones de pesos.

Los efectivos acusados, identificados como A.N.L. (32), P.O.M. (43) y H.M.D.S. (50), desempeñaban funciones en la brigada de la División Investigaciones Comunales 4, con base en Parque Patricios. Fueron imputados por secuestro extorsivo agravado, en concurso real con robo agravado por el uso de armas, ya que durante el hecho también sustrajeron un celular iPhone 12 y un par de zapatillas. La figura del secuestro se agrava por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad, y se constató que utilizaron un vehículo de la dependencia para apoyar y monitorear distintas etapas del secuestro.

El hecho tuvo lugar cuando la víctima, dedicada a la reventa de productos importados, se trasladaba en su auto para concretar la venta de unas zapatillas acordada vía redes sociales. Al llegar al punto de encuentro, dos hombres en moto lo abordaron, uno se identificó como comprador y aprovechó para amenazarlo, golpearlo y arrebatarle el celular. Posteriormente, otro de los secuestradores realizó llamadas a la novia del joven exigiendo un rescate de 5.000 dólares a cambio de su liberación.

Tras el pago del rescate, la víctima recuperó su libertad y las detenciones se concretaron el 2 de septiembre durante ocho allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La jueza dispuso el alojamiento de los cuatro procesados en el Servicio Penitenciario Federal y ordenó que la Fiscalía Federal N°3 continúe con la investigación para identificar a posibles cómplices adicionales y profundizar el análisis patrimonial de los imputados.