A través del Decreto 647/2025, el Poder Ejecutivo decidió vetar íntegramente el Proyecto de Ley Nº 27.795, que había sido sancionado por el Congreso con el objetivo de establecer un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas y garantizar una recomposición salarial para docentes y personal no docente. 

El Gobierno de Javier Milei decidió vetar en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que buscaba implementar un nuevo sistema de financiamiento para la educación universitaria pública y una recomposición salarial para docentes y personal no docente. La medida fue oficializada mediante el Decreto 647/2025, publicado el 10 de septiembre, y constituye un rechazo contundente a la norma aprobada por el Congreso el 21 de agosto. Esta acción se enmarca en un contexto de tensión creciente entre el Ejecutivo y las universidades debido a recortes presupuestarios previos.

La confirmación del veto por fuentes oficiales anticipa que esta decisión podría intensificar el conflicto con el sector educativo y generar roces con la oposición parlamentaria, que había promovido el proyecto de ley. La medida se percibe como una limitación a la iniciativa legislativa de fortalecer la financiación de la educación superior y mejorar las condiciones salariales de quienes trabajan en el ámbito universitario.

El proyecto vetado incluía medidas específicas para garantizar la sostenibilidad del financiamiento de las universidades públicas, definir partidas presupuestarias para educación superior, asegurar condiciones laborales y salariales, impulsar la tecnología y la investigación, ampliar la oferta académica y reforzar el bienestar estudiantil, entre otros puntos. Además, preveía actualizar los gastos de funcionamiento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. 

El Ejecutivo fundamentó su veto en la necesidad de mantener control sobre el gasto público y evitar intervenciones en su administración de recursos, aunque esta decisión abre un nuevo frente de disputa con el sector educativo que reclama mayores fondos para sostener la calidad y accesibilidad de la educación superior.