El presidente de la Cámara de Diputados aclaró que la participación de Rial tuvo lugar en un “encuentro informal” organizado por la oposición, cuyo objetivo principal no era de carácter legislativo, sino que respondía a una “finalidad política” y de “promoción mediática”, buscando visibilidad pública más que tratar asuntos propios de la comisión.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclaró que la audiencia realizada recientemente en el Congreso con la participación de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico no constituyó una reunión formal de comisión. Según explicó, se trató de un “encuentro informal” promovido por la oposición, con fines principalmente políticos y de promoción mediática, y no tuvo carácter reglamentario dentro del marco parlamentario.

Menem precisó que el evento no contó con citación oficial, ni con el respaldo administrativo de la Dirección de Comisiones, y que no incluyó proyectos ni temario en debate, tampoco concluyó con dictamen o resolución alguna. Destacó además que este tipo de encuentros son habituales cuando algún legislador solicita un espacio físico para distintos propósitos, sin que ello implique formalidad legislativa.

En el marco de esta audiencia, Rial y Federico denunciaron persecución, aprietes y censura por parte del Gobierno y la Justicia, motivados por la filtración de audios relacionados con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Rial relató incidentes intimidatorios, como la presencia de un automóvil sospechoso frente a su domicilio, pero aseguró que continuará publicando la información que posee junto a Federico e Ivy Cangaro para visibilizar supuestas maniobras de corrupción política.

Por su parte, Federico negó vínculos con servicios de inteligencia extranjeros, tal como lo insinuaron desde el oficialismo, y defendió la labor periodística del grupo. Subrayó que su trabajo consiste en informar y no en negociar información, destacando que su objetivo es poner en evidencia irregularidades del Gobierno, como la destrucción del sistema de asistencia a personas con discapacidad y la apropiación indebida de fondos destinados a este sector. Por su parte, desde el Gobierno se instaló la versión de que los audios filtrados forman parte de una operación de espionaje con fines políticos.