La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Ciudad de Buenos Aires presentó una acción judicial colectiva con el objetivo de detener la aplicación de la Ley 27.742. La iniciativa busca frenar los efectos que dicha normativa podría generar sobre los derechos laborales, aduciendo que fue sancionada en un proceso plagado de irregularidades.

La Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (ATE Capital) promovió una acción judicial colectiva para detener los efectos de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, que afecta al empleo público. El sindicato denunció que la aprobación de esta norma estuvo marcada por irregularidades y corrupción en el proceso legislativo. En respuesta, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo que en cinco días explique las condiciones bajo las cuales se sancionó dicha ley.

Desde ATE Capital señalaron que la resolución judicial reconoce la existencia de serias dudas sobre la legalidad del trámite que aprobó la norma, especialmente en relación con el voto decisivo del entonces senador Edgardo Kueider. Este legislador fue detenido posteriormente por poseer dólares no declarados y enfrenta causas penales por presunto cohecho, lo que pone en entredicho la validez de su voto. La asociación sostiene que dicho voto, que permitió el desempate a favor de la vicepresidenta Victoria Villarruel, debe considerarse nulo por los hechos de corrupción que lo rodean.

El fallo firmado por el juez Diego Martín Cormick avala la legitimidad de la acción colectiva presentada por ATE Capital y afirma que las denuncias sobre irregularidades en la sanción de la ley tienen fundamentos sólidos. El magistrado concluye que la ley fue aprobada con vicios claros en su formación. Desde el gremio, afirmaron que la norma no solo implica un retroceso para los trabajadores públicos, sino que además nació de un procedimiento fraudulento, por lo que exigieron que el Poder Judicial intervenga para proteger el Estado de derecho.