Diputados del bloque Unión por la Patria presentaron una denuncia contra el influencer conocido como “Gordo Dan” y otros usuarios vinculados al espacio libertario, a quienes acusan de propagar mensajes que, según argumentan, promueven el odio y atentan contra el sistema democrático. 

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó una denuncia penal contra el influencer libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, y otros usuarios de redes sociales, a quienes acusan de haber incitado a la violencia y atentado contra el orden democrático durante una sesión del Senado en la que se aprobaron leyes clave como la de moratoria previsional, emergencia en discapacidad y nuevas jubilaciones.

La presentación judicial, realizada en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, también involucra a los usuarios Franco Antunes (@FranFijap), Luciano Cabrera (@ElTrumpista) y otros perfiles anónimos de la red social X, vinculados con publicaciones agresivas contra el Congreso.

Los legisladores argumentaron que los acusados podrían encuadrarse en el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona a quienes integran agrupaciones con fines de imponer ideas por medio de la fuerza o el temor. Además, señalaron que los mensajes difundidos durante la sesión legislativa incluían llamados explícitos a la intervención militar, amenazas de alzamiento armado y publicaciones que glorificaban actos violentos contra las instituciones democráticas. Entre los ejemplos citados, se incluyen frases como “hay que dinamitar todo el Congreso” y publicaciones con imágenes manipuladas digitalmente que simulan ataques armados al Poder Legislativo.

Paralelamente, otro grupo de diputados del mismo bloque presentó una segunda denuncia contra los mismos usuarios y otros simpatizantes del oficialismo por delitos como apología del crimen, intimidación pública y amenazas coactivas. En ambos casos, los legisladores solicitaron a la Justicia investigar si los involucrados tienen vínculos con organismos oficiales, como la Casa Rosada o la Quinta de Olivos, y pidieron pericias sobre los contenidos publicados, al considerar que exceden el ámbito de la libertad de expresión y constituyen un riesgo real para la institucionalidad democrática.