En diciembre de 2024, un hombre emitió amenazas de muerte contra la funcionaria Patricia Bullrich a través de su perfil en Facebook. Este acto provocó una rápida reacción por parte de las autoridades judiciales.

En diciembre de 2024, un hombre amenazó de muerte a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a través de un mensaje en Facebook, hecho por el cual fue imputado formalmente en Salta. La denuncia fue presentada luego de que se identificara el contenido intimidatorio enviado desde una cuenta vinculada a la ciudad de Orán.

El juez federal de Garantías, Gustavo Montoya, aceptó la formalización de la investigación penal tras el pedido realizado por la Fiscalía Descentralizada de Orán. La imputación recayó sobre Clemente Rojas, quien es acusado de haber enviado la amenaza el 19 de diciembre del mismo año, en medio de un contexto de alta tensión en la frontera.

La investigación está a cargo del fiscal federal Marcos Romero, junto a un equipo de colaboradores, y tiene un plazo de 90 días para profundizar en los detalles del caso. El mensaje amenazante hacía referencia a la muerte de un trabajador fronterizo, Fernando Gómez, ocurrida un día antes en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, negando además las versiones que lo vinculaban con el narcotráfico.

El mensaje también contenía insultos dirigidos a Bullrich y anunciaba un ataque contra ella en caso de que visitara la ciudad fronteriza. Además, extendía la amenaza a un gendarme vinculado al operativo. La denuncia fue presentada por el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto.

Las primeras averiguaciones realizadas por la División de Delitos Constitucionales de la Policía Federal lograron identificar al responsable, quien desactivó su cuenta de mensajería poco después de enviar la amenaza. La investigación determinó que la cuenta estaba a nombre de “Jesús Robles”, con una foto de perfil que coincidía con la imagen física de Rojas, residente en Orán. En mayo, el juez Rafecas remitió el caso a la justicia federal de Salta por cuestiones de jurisdicción.