Las normas en cuestión son las leyes Nro. 345 y 346 del año 2025, implementadas recientemente por el Gobierno Nacional. Las dos CTA calificaron estas disposiciones como “inconstitucionales” debido a que consideran que vulneran derechos fundamentales y afectan negativamente el ámbito cultural del país. 

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Central Autónoma de Trabajadores (CTA Autónoma) pidieron al Congreso Nacional que rechace los decretos Nro. 345 y 346 de 2025, emitidos por el Ejecutivo Nacional, argumentando que son inconstitucionales y perjudican la cultura argentina. Los secretarios generales Hugo Yasky y Hugo ‘Cachorro’ Godoy señalaron que estas normas disuelven o modifican once organismos culturales e históricos que fueron creados por leyes democráticas, eliminando así su autonomía y representación federal.

Entre las razones expuestas, destacaron que los decretos afectan la autonomía y la distribución federal de fondos al Instituto Nacional del Teatro y eliminan la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que sostiene bibliotecas en todo el país desde 1870. Además, advierten que transforman o suprimen institutos históricos como los de San Martín, Eva Perón y Yrigoyen, los cuales preservan la memoria nacional. Las CTA calificaron estas medidas como arbitrarias y señalaron que el argumento de ajuste económico es falso, ya que estos organismos se financian con su propia actividad y tienen un costo presupuestario mínimo.

Para ambas centrales sindicales, el verdadero objetivo de estos decretos es concentrar poder y borrar años de construcción cultural federal y comunitaria. Por eso, exigieron al Congreso que rechace estas normativas por inconstitucionales, que defiendan la cultura como un derecho fundamental y que garanticen la participación federal en las políticas culturales. Concluyeron afirmando que la cultura no debe ser vista como un gasto, sino como identidad, memoria y trabajo.